El 25 de agosto, el representante Miguel Luis R. Villafuerte presentó la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin en la Cámara de Representantes de Filipinas, proponiendo la creación de una reserva de bitcoin administrada por el gobierno para diversificar los activos nacionales y apoyar la reducción de la deuda. El proyecto de ley ordena al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) adquirir 2,000 BTC anualmente durante cinco años, acumulando un total de 10,000 BTC, con los fondos accesibles únicamente para pagos de deuda soberana durante un perÃodo de bloqueo de 20 años.
La legislación se inspira en reservas estratégicas basadas en commodities como la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. y la reserva de jarabe de arce de Canadá, con el objetivo de aprovechar las caracterÃsticas deflacionarias del bitcoin para cubrirse contra la depreciación del peso y las presiones inflacionarias. La propuesta de Villafuerte requiere que las instalaciones de almacenamiento en frÃo se establezcan en múltiples ubicaciones geográficas en Filipinas, auditadas trimestralmente mediante certificación criptográfica y verificadas por terceros independientes.
Bajo la ley, el gobernador del banco central estarÃa limitado para vender más del 10 por ciento de la reserva dentro de cualquier ventana de dos años una vez que expire el perÃodo inicial de 20 años. El proyecto establece que las bifurcaciones y los tokens airdrop derivados de las tenencias deben mantenerse durante al menos cinco años, con protecciones explÃcitas que garantizan la propiedad privada y la no confiscación de las tenencias de bitcoin por parte de los ciudadanos.
Citándose niveles recientes de deuda nacional que se aproximan a 285 mil millones de dólares, o el 60 por ciento del PIB, los defensores argumentan que una reserva de bitcoin podrÃa actuar como un colchón contra-cÃclico durante tensiones fiscales. Sin embargo, los crÃticos advierten sobre la volatilidad del precio del bitcoin y piden una gestión de riesgos robusta, incluyendo el uso de derivados y estrategias escalonadas de cobertura para mitigar fluctuaciones extremas de precio.
Al BSP se le encomienda formular directrices de implementación, incluidos los criterios para la gestión de wallets, protocolos de seguridad y estándares de reporte. La ley también requiere divulgación pública periódica de la valoración de la reserva, registros de transacciones y resultados de auditorÃas para asegurar transparencia y rendición de cuentas.
Si se promulga, Filipinas se unirÃa a un reducido grupo de naciones que exploran reservas soberanas en criptomonedas, señalando un enfoque innovador en las finanzas públicas. Observadores internacionales y agencias calificadoras de crédito supervisarán el impacto de la polÃtica en la estabilidad fiscal y la confianza de los inversionistas, mientras otras economÃas emergentes consideran estrategias similares de diversificación en medio de la evolución de la dinámica financiera global.
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