En el año transcurrido desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la política cripto de EE. UU. ha experimentado una transformación drástica. Una oleada inicial de órdenes ejecutivas indicó una postura más receptiva hacia los activos digitales, marcando un cambio de un enfoque impulsado por la aplicación de la ley a uno orientado al liderazgo de la industria.
En las semanas siguientes a la toma de posesión, se ordenó a las agencias desarrollar marcos para la emisión regulada de stablecoins, y la Ley GENIUS para las stablecoins de EE. UU. se convirtió en la primera gran ley cripto en aprobarse en ambas cámaras del Congreso. Esta legislación estableció requisitos de reserva estrictos, normas de auditoría y un régimen de supervisión dual federal-estatal para proteger a los consumidores mientras se fomenta la innovación.
Simultáneamente, una propuesta para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin buscó posicionar a EE. UU. como un centro global para las tenencias de activos digitales institucionales. A pesar de cronogramas ambiciosos, el proyecto de reserva permaneció en etapas de planificación, ilustrando la brecha entre las ambiciones de política y las realidades de implementación dentro de un calendario legislativo fragmentado.
Grandes nombramientos regulatorios reforzaron aún más una perspectiva pro-cripto. Líderes con experiencia en mercados de activos digitales asumieron cargos de alto nivel en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), comprometiéndose a proponer reglas concretas para reemplazar años de aplicación de la ley impulsada por litigios.
Sin embargo, este impulso de la política chocó con un cierre gubernamental sin precedentes que suspendió funciones cruciales de supervisión y retrasó la elaboración de normas. Los legisladores y reguladores se vieron enfrentados a licencias temporales justo cuando se acercaban períodos de comentarios cruciales y plazos de redacción, minando las expectativas de una orientación acelerada.
A pesar de estos obstáculos, la industria cripto reportó un aumento de inversiones nacionales y expansiones operativas. Las empresas citaron una mayor claridad regulatoria para incorporar activos digitales en servicios centrales y para lanzar pilotos de tokenización con apoyo federal. Sin embargo, el proyecto de ley sobre la estructura del mercado, estancado, sigue siendo una pieza crítica faltante para reformas más amplias del mercado cripto, con esfuerzos bipartidistas en espera hasta que las operaciones federales se reanuden.
Este periodo tumultuoso refleja tanto la promesa como los peligros de un cambio rápido de políticas. A medida que la Administración entra en su segundo año, las partes interesadas anticipan si la infraestructura pro-cripto esbozada en las directrices ejecutivas se traducirá en reglas duraderas y si el Congreso podrá completar la agenda de estructura de mercado antes de que las presiones de mitad de mandato se intensifiquen.
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