El 16 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a individuos y empresas que facilitan el financiamiento basado en criptomonedas para el ejército de Irán. Las medidas designan específicamente a actores en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos que son acusados de coordinar transferencias de fondos provenientes de exportaciones de petróleo iraní para beneficiar a la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).
La declaración del Tesoro identificó lo que se llaman redes de “banca en la sombra” que usan empresas fachada y criptomonedas para evadir las sanciones existentes. Al tokenizar los ingresos de las ventas de petróleo en activos digitales y transferir fondos a través de estructuras corporativas complejas, estas entidades buscaron canalizar recursos hacia el aparato militar de Irán. Las sanciones prohíben a cualquier persona o empresa estadounidense participar en transacciones con los individuos designados y bloquean sus activos dentro de la jurisdicción estadounidense.
Según John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, la acción refleja un compromiso continuo para cortar flujos críticos de financiamiento que apoyan los programas de armas de Irán y sus actividades malignas en Medio Oriente. Hurley señaló que la presunta anonimidad de las criptomonedas las hace atractivas para facilitadores ilícitos, lo que requiere medidas centradas para abordar amenazas emergentes en el espacio de activos digitales.
Las sanciones siguen una orden ejecutiva de la era Trump, el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, que busca reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán y evitar la adquisición de armas nucleares. Estas nuevas designaciones complementan los esfuerzos internacionales en curso, incluyendo un mecanismo de reapertura que reimpone sanciones de la ONU en respuesta a violaciones del programa nuclear iraní. En 2024, las jurisdicciones sancionadas recibieron $15.8 mil millones en flujos ilícitos de criptomonedas, representando el 39% de tales transacciones, según Chainalysis.
La acción del Tesoro subraya que los activos digitales estarán sujetos a una supervisión y aplicación rigurosas. Envía una señal clara tanto a jurisdicciones sancionadas como no sancionadas de que EE. UU. utilizará sus autoridades financieras para contrarrestar la explotación de las criptomonedas para el financiamiento del terrorismo y los esfuerzos de proliferación. Las agencias de cumplimiento continuarán adaptando sus estrategias a medida que evoluciona el ecosistema de activos digitales.
Comentarios (0)