Una demanda de cuatro años iniciada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en diciembre de 2020 acusó a Ripple Labs de recaudar fondos mediante ofertas de valores no registradas.
El debate sobre la clasificación de tokens bajo las leyes de valores existentes llevó a un fallo en julio de 2023 de la jueza Analisa Torres que estableció que las ventas de XRP en bolsas públicas no cumplían con la definición de transacciones de valores, mientras que ciertas distribuciones institucionales sí lo hacían.
Las apelaciones tanto de la SEC como de Ripple extendieron los procedimientos legales hasta agosto de 2025, cuando la desestimación mutua finalizó la resolución del caso.
Las opiniones judiciales citaron las contribuciones de una comunidad de base de poseedores de XRP conocida como el Ejército XRP, cuyas investigaciones no remuneradas y presentaciones como amicus presentaron discursos históricos gubernamentales, transcripciones judiciales y declaraciones regulatorias para apoyar una defensa basada en el aviso previo justo.
Los abogados de Ripple confirmaron que las presentaciones pro bono de los participantes de la red destacaron pronunciamientos críticos del gobierno previamente pasados por alto por los equipos legales.
Los testimonios jurados redactados por poseedores individuales de XRP recibieron citas específicas en los documentos judiciales finales, indicando un impacto sustancial en las determinaciones judiciales.
Los observadores señalaron que la inclusión de investigación generada por las partes interesadas marcó una rara instancia de participación minorista que influyó en un caso regulatorio importante.
La reacción del mercado reflejó hitos legales, con un aumento del precio de XRP de más del setenta por ciento tras la decisión de julio de 2023 y alcanzando un récord por encima de $3.60 en julio de 2025.
Los volúmenes de negociación se dispararon a medida que los operadores ajustaron posiciones tras la desestimación final de las apelaciones, y el precio se estabilizó cerca de $2.85 en los días posteriores al cierre del caso.
Los expertos de la industria proyectan que las defensas basadas en el aviso previo justo asumirán mayor importancia en el cumplimiento de ofertas de tokens, lo que motivará a las agencias regulatorias a mejorar la claridad en las comunicaciones públicas.
Los analistas de políticas esperan que las nuevas iniciativas regulatorias incorporen el énfasis judicial en la orientación documentada, mientras que las asociaciones que representan a empresas de activos digitales presionan por medidas legislativas que codifiquen los estándares de aviso previo justo.
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