El 21 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia anunció un cambio histórico en su política, indicando que ya no procesará a los desarrolladores de software que escriban código para plataformas descentralizadas de criptomonedas en ausencia de evidencia de intención criminal. El Fiscal General Adjunto en funciones, Matthew Galeotti, declaró que simplemente escribir código, sin una intención demostrable de facilitar transacciones ilícitas, no constituye un delito, poniendo así fin a los esfuerzos para clasificar el desarrollo de protocolos no autorizados como delitos de transmisión de dinero. Este cambio sigue a críticas por procesamientos anteriores, incluyendo el caso de un desarrollador de mezcladores descentralizados condenado por conspiración relacionada con la transmisión de dinero no autorizada, donde el jurado no llegó a un veredicto en cargos más graves de lavado de dinero y sanciones.
El enfoque revisado disminuirá la importancia de los requisitos de registro para los desarrolladores de intercambios descentralizados y otras aplicaciones basadas en blockchain, que con frecuencia carecen de control o supervisión centralizada. El equipo de aplicación de leyes de criptomonedas del DOJ ha sido disuelto, y la agencia se ha retirado de varias acciones de alto perfil, reflejando preocupaciones crecientes de que una regulación estricta de los autores de código podría sofocar la innovación. Bajo la nueva política, los desarrolladores cuyas contribuciones a redes blockchain de código abierto faciliten transacciones entre pares estarán protegidos contra el enjuiciamiento, a menos que ayuden conscientemente a actores ilícitos o se involucren en servicios financieros directos sin la licencia adecuada.
Los expertos legales ven el anuncio como parte de un realineamiento más amplio bajo la administración actual, que también incluye que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) haya abandonado múltiples casos de aplicación contra grandes plataformas de criptomonedas. Los actores de la industria han abogado por directrices claras y flexibles que distingan entre malos actores y contribuyentes legítimos de protocolos, argumentando que una aplicación excesivamente agresiva creó incertidumbre y obstaculizó el crecimiento de las finanzas descentralizadas.
Galeotti enfatizó que la protección del consumidor y la seguridad nacional siguen siendo prioridades, pero la aplicación se centrará ahora en procesar conductas manifiestamente indebidas en lugar de penalizar actividades fundamentales de desarrollo de software. Los observadores esperan que la nueva política fomente una mayor participación de desarrolladores independientes, acelere el despliegue de aplicaciones descentralizadas y fortalezca la competitividad de Estados Unidos en innovación blockchain. El giro del DOJ subraya un panorama regulatorio en evolución donde las consideraciones tecnológicas se equilibran cada vez más con los objetivos de cumplimiento, señalando un entorno más favorable a la innovación para el desarrollo e investigación en criptomonedas.
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