Accountable.US publicó un informe titulado"American Sell-Out", alegando que la empresa de criptomonedas World Liberty Financial (WLFI) del presidente Trump realizó ventas de tokens a entidades extranjeras sancionadas, incluyendo billeteras vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte y usuarios radicados en Irán. La investigación identificó transacciones específicas que eludieron las sanciones y alertaron sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.
De manera destacada, el informe señaló una compra de $10,000 realizada en el Día de la Inauguración por una dirección identificada como"Shryder.eth", que efectuó 55 transacciones con una billetera del Grupo Lazarus sancionada por el Tesoro. El análisis de blockchain reveló que los fondos fluyeron entre estas billeteras y cuentas previamente restringidas por las principales plataformas DeFi bajo protocolos antisanciones, ilustrando una violación de las salvaguardas financieras diseñadas para prevenir la financiación ilícita de actividades cibernéticas patrocinadas por el estado.
Un mayor escrutinio descubrió que casi 3,500 tokens WLFI fueron vendidos a un usuario que depositó más de $26,000 en el exchange de criptomonedas más grande de Irán, NoBitex.IR. Los datos en cadena y perfiles de redes sociales sugieren que este comprador está vinculado a contenido pro-Irán y redes asociadas con servicios sancionados de lavado de dinero, incluyendo A7A5, una plataforma respaldada en rublos bajo sanciones estadounidenses por facilitar la evasión de restricciones financieras.
Accountable.US criticó los esfuerzos tardíos de cumplimiento de WLFI, señalando que sólo cinco cuentas de alto riesgo fueron incluidas en la lista negra hasta el 5 de septiembre, meses después de que ocurrieran las transacciones implicadas. El informe subraya que los protocolos integrales de filtrado y monitoreo en tiempo real no se implementaron oportunamente, permitiendo a actores extranjeros explotar el mecanismo de distribución de tokens y potencialmente influir en la política doméstica a través de tenencias no divulgadas.
Los hallazgos provocaron llamados de legisladores y expertos en ciberseguridad para investigaciones congresionales sobre las operaciones de activos digitales de la familia Trump. La senadora Elizabeth Warren exigió claridad sobre las medidas de protección y urgió revisiones a la Ley GENIUS pendiente para fortalecer la supervisión de activos criptográficos políticamente conectados. Analistas de seguridad nacional advierten que, de no controlarse, tales ventas de tokens podrían socavar la aplicación de sanciones y proveer a estados adversarios canales encubiertos para actividades de influencia e inteligencia.
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