Una operación conjunta liderada por Interpol, en colaboración con las fuerzas del orden de Angola y los reguladores de servicios eléctricos, desmanteló varias instalaciones ilícitas de minería de criptomonedas en Luanda y provincias circundantes. Tras la prohibición nacional sobre la minería no autorizada impuesta en abril de 2024, las autoridades realizaron redadas simultáneas en siete ubicaciones donde equipos de alta potencia habían sido instalados de forma encubierta en sitios residenciales e industriales. Oficiales de Interpol, apoyados por la policía local e inspectores de energía, confiscaron más de 4,500 mineros ASIC y componentes relacionados, documentando además consumos de energía no autorizados significativos que superaban los límites operativos seguros. Investigaciones preliminares revelan que las operaciones ilícitas desviaban electricidad de las redes municipales, contribuyendo a apagones y al aumento de costos energéticos para las comunidades locales.
La Operación Thunderbolt, nombre clave para la operación, utilizó el intercambio coordinado de inteligencia entre múltiples cuerpos policiales internacionales para rastrear las rutas de adquisición y envío de hardware de minería desde proveedores extranjeros. Los investigadores descubrieron que las instalaciones estaban ocultas detrás de paredes falsas y dentro de almacenes no regulados para evadir la detección. El análisis forense del equipo incautado confirmó que la actividad minera llevaba varios meses en curso, generando ingresos estimados en 12 millones de dólares a niveles de precio de 2025. Funcionarios arrestaron a cinco sospechosos por cargos de robo de energía, lavado de dinero y violación de regulaciones nacionales sobre actividades de activos digitales. Se anticipan acciones legales adicionales contra facilitadores de la red que organizaron el contrabando de mineros a través de puntos fronterizos.
La operación subraya las crecientes preocupaciones globales sobre los impactos ambientales e infraestructurales de la minería de criptomonedas no regulada. El Secretario General de Interpol expresó su compromiso de asistir a los estados miembros en la aplicación de las regulaciones locales, destacando que la minería ilícita no solo tensiona los sistemas energéticos sino que también socava los ecosistemas financieros y tecnológicos legítimos. El ministro de energía de Angola anunció planes para fortalecer la vigilancia de la red e imponer sanciones más severas por incumplimiento, incluyendo multas y decomiso de activos. La operación sirve como precedente de advertencia para otras naciones que enfrentan redes clandestinas de minería que explotan bajos costos eléctricos para maximizar márgenes de ganancia. Interpol aconsejó a los gobiernos mejorar la colaboración con servicios eléctricos, agencias aduaneras y reguladores financieros para identificar y desmantelar dichas operaciones de manera proactiva.
Las directrices futuras se centrarán en desplegar unidades especiales equipadas con drones térmicos avanzados y análisis de datos de medidores inteligentes para detectar patrones anómalos de consumo eléctrico. Los programas de capacitación para fuerzas del orden se están ampliando para incluir técnicas de informática forense y análisis de blockchain. La iniciativa de Interpol forma parte de una campaña más amplia para asegurar que las actividades vinculadas a criptomonedas cumplan con las leyes nacionales y contribuyan positivamente al desarrollo económico, en lugar de convertirse en una carga para los recursos públicos. A medida que la adopción global de criptomonedas acelera, equilibrar la innovación con el cumplimiento regulatorio sigue siendo un desafío crítico para los responsables políticos y agencias de seguridad en todo el mundo.
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