La supervisión fue aliviada por la administración de Trump en 2025, impulsando importantes victorias legislativas y regulatorias en el sector de las criptomonedas. Una orden ejecutiva estableció un acopio de activos digitales y se promulgaron reglas federales sobre stablecoins para definir tokens amarrados al dólar a nivel nacional. Se brindó un apoyo sustancial a la innovación en activos digitales, con el objetivo de afianzar a Estados Unidos como líder global en tecnología blockchain y finanzas digitales.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) retiró rápidamente las estrictas pautas contables de criptomonedas y desestimó múltiples demandas contra importantes intercambios, incluidas Coinbase y Binance, tras determinar que la mayoría de los tokens se parecen a mercancías en lugar de valores. Esta acción eliminó una considerable incertidumbre legal y restableció la confianza de los inversores en los mercados de activos digitales. La SEC también aprobó una oleada de nuevos productos cripto, incluidos instrumentos al contado y derivados, ampliando el panorama de activos digitales negociables.
Un regulador bancario de alto rango flexibilizó las normas sobre la participación de los bancos en los servicios de criptomonedas, y se concedió la aprobación condicionada para autorizaciones de bancos fiduciarios nacionales a varias empresas de activos digitales. Estas medidas permitieron ampliar los servicios de custodia y de negociación, promoviendo la integración de las actividades cripto dentro del sistema bancario tradicional. Se creó una reserva estratégica de Bitcoin, financiada con activos propiedad del gobierno, para proporcionar una cobertura nacional y mejorar la liquidez del mercado.
A pesar de estos logros, la legislación crítica sobre la estructura del mercado sigue estancada en el Senado, en medio de debates sobre disposiciones para la lucha contra el lavado de dinero y la supervisión de las finanzas descentralizadas. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que clasificaría los tokens como valores o materias primas y establecería marcos regulatorios claros, ha enfrentado incertidumbre debido a las prioridades de las elecciones intermedias y a la división partidista. No avanzar con esta legislación podría exponer a las empresas a futuros desafíos legales y limitar el crecimiento de los mercados criptográficos de Estados Unidos.
La atención se ha desplazado hacia una prevista"exención de innovación" de la SEC para permitir el despliegue inmediato de nuevos modelos de negocio sin aprobación previa. Se espera que la coordinación entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) bajo la nueva dirección agilice la supervisión, reduzca las cargas de cumplimiento y fomente un crecimiento sostenible de la industria. Se considera que la claridad regulatoria continua es esencial para la adopción institucional y la resiliencia a largo plazo de los mercados de activos digitales.
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