La Ley CLARITY de los EE. UU., diseñada para proporcionar definiciones regulatorias integrales y protecciones para la industria de las criptomonedas, está programada para una sesión de marcado por el Comité Bancario del Senado el 14 de mayo. La legislación tiene como objetivo definir los activos digitales dentro de la ley de valores, establecer estándares para emisores de stablecoins y crear disposiciones de puerto seguro para los desarrolladores de protocolos de código abierto.
El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, anunció la votación próxima, generando respuestas de las partes interesadas de la industria que han esperado claridad durante meses. El Director de Políticas de Coinbase, Faryar Shirzad, describió la sesión de marcado como “un gran paso adelante”, crucial para garantizar que la innovación ocurra dentro de Estados Unidos en lugar de migrar al extranjero.
El proyecto de ley, presentado originalmente en julio de 2025, enfrentó retrasos después de que Coinbase retirara su apoyo en enero debido a preocupaciones sobre restricciones de rendimiento de las stablecoins y posible extralimitación en las regulaciones de las finanzas descentralizadas. Los defensores sostienen que el borrador revisado aborda esas preocupaciones al refinar definiciones y excluir determinadas actividades que generan rendimiento de las disposiciones restrictivas.
El Director Jurídico de Coinbase, Paul Grewal, en una publicación en X, afirmó que la ley está “a toda máquina”, lo que señala un renovado impulso para el respaldo bipartidista. Los legisladores y ejecutivos de la industria esperan al menos 60 votos para aprobar la legislación a través del comité y llevarla al pleno del Senado, sujeto a la alineación entre los partidos.
Los legisladores pro-cripto, incluida la senadora Cynthia Lummis, han instado a sus colegas a avanzar con el proyecto, destacando informes recientes sobre empresas que trasladan operaciones a jurisdicciones más amigables con las criptomonedas.
Los oponentes advierten que reglas excesivamente prescriptivas podrían obstaculizar la innovación e imponer cargas de cumplimiento a proyectos más pequeños. El resultado de la sesión de marcado del jueves indicará si el Congreso puede equilibrar la supervisión regulatoria con las necesidades dinámicas de una industria en rápida evolución.
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