La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) obtuvo sentencias de consentimiento finales contra la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y los exejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, imponiéndoles prohibiciones para ocupar cargos ejecutivos o de dirección de diez años para Ellison y de ocho años para Wang y Singh. Además, los tres enfrentarán órdenes de prohibición basadas en su conducta de cinco años conforme a las órdenes de la SEC, que les prohíben servir como funcionarios o directores y restringen su participación en la gestión de empresas públicas.
Las quejas subyacentes de la SEC detallaron el uso indebido de los activos de los clientes en FTX y Alameda Research desde 2019 hasta 2022. Según las órdenes, Wang y Singh diseñaron e implementaron el código de software que permitía desviar los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research, mientras que Ellison, como directora ejecutiva de Alameda, supuestamente autorizó y utilizó fondos malversados para actividades de negociación. La acción de cumplimiento de la SEC subraya el compromiso de la agencia de responsabilizar a las personas por violaciones de deberes fiduciarios y el uso indebido de activos de los inversores en el sector de activos digitales.
Estas sentencias de consentimiento siguen a procesos penales que resultaron en sentencias significativas para figuras clave del colapso de FTX. El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, está cumpliendo una condena de 25 años, actualmente en apelación, mientras que Ellison testificó contra Bankman-Fried como parte de un acuerdo de culpabilidad que redujo su condena a dos años. Wang y Singh también cooperaron con los fiscales, recibiendo tiempo ya cumplido. Las medidas civiles de la SEC complementan las sanciones penales, con el objetivo de proteger a los inversores al evitar que personas sancionadas ocupen cargos de autoridad en empresas públicas durante la próxima década.
Los observadores del mercado señalan que estas acciones podrían disuadir conductas indebidas en la industria más amplia de las criptomonedas y señalar una mayor colaboración entre reguladores civiles y penales. La aplicación de la SEC es parte de una ofensiva más amplia contra ofertas de valores no registradas y fallos operativos en los intercambios de criptomonedas, tras órdenes recientes contra otras plataformas y emisores de activos digitales. Las sentencias subrayan que los ejecutivos en el espacio de activos digitales tienen las mismas obligaciones legales que los de los servicios financieros tradicionales.
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