Límites estrictos para las empresas de criptomonedas fuera de la UE propuestos por la UE

El 18 de agosto de 2025, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publicó una consulta que presenta un borrador de normas que restringirían significativamente la capacidad de los proveedores de servicios de activos criptográficos no pertenecientes a la UE para ofrecer servicios directamente a clientes dentro de la Unión Europea. La propuesta de ESMA aborda preocupaciones sobre arbitraje regulatorio, protección del inversor y riesgos para la estabilidad financiera relacionados con las operaciones criptográficas transfronterizas.

Bajo el régimen propuesto, las empresas de criptomonedas establecidas fuera de la UE deberán establecer una sucursal o subsidiaria local dentro de un Estado miembro de la UE y obtener una licencia completa bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) antes de prestar cualquier servicio como custodia, negociación, staking o emisión de tokens. Este requisito está diseñado para garantizar que las funciones operativas críticas, incluyendo gobernanza, cumplimiento y gestión de riesgos, sean supervisadas por reguladores locales y estén sujetas a los marcos legales de la UE.

ESMA destacó que los proveedores extranjeros a menudo se benefician de menores costos regulatorios y una supervisión más débil en sus jurisdicciones de origen, creando una competencia desleal para las empresas con sede en la UE y exponiendo a los inversores de la UE a servicios que pueden no cumplir con estándares equivalentes. Las normas propuestas también exigirían que las billeteras custodiales estén alojadas en servidores dentro de la UE y que los registros de transacciones estén accesibles en todo momento para los reguladores de la UE.

Los participantes del mercado han manifestado su preocupación por el posible impacto en la liquidez y la innovación si las empresas internacionales retiran servicios o se reestructuran para cumplir con las normas. Las asociaciones sectoriales han pedido una implementación gradual y excepciones para actividades de bajo riesgo. ESMA ha abierto una consulta pública de tres meses, tras la cual finalizará la propuesta y la someterá a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE para su aprobación formal. Si se adoptan, las nuevas normas podrían entrar en vigor a mediados de 2026, marcando un paso importante hacia la armonización de la supervisión criptográfica en todo el bloque.