El 15 de agosto de 2025, el miembro de la Asamblea de Nueva York, Phil Steck, presentó el Proyecto de Ley 8966 para establecer un impuesto especial del 0,2% sobre todas las ventas y transferencias de criptomonedas, incluidos los tokens no fungibles. La propuesta apunta a la ejecución y liquidación de transacciones de activos digitales realizadas dentro de la jurisdicción estatal y está prevista para entrar en vigor el 1 de septiembre tras la aprobación legislativa y la conformidad del gobernador.
Según la medida, los intercambios, billeteras y plataformas de finanzas descentralizadas que operan en Nueva York estarían obligados a cobrar el impuesto especial en el momento de la transacción. Los ingresos generados por este gravamen están destinados a asignaciones presupuestarias municipales, con proyecciones que indican posibles rendimientos anuales de varios cientos de millones de dólares dependiendo del volumen de comercio y las condiciones del mercado.
La propuesta de Steck llega en medio de discusiones en varios estados sobre políticas de tributación de activos digitales. Texas y Florida han adoptado enfoques que favorecen las exenciones fiscales para atraer negocios de criptomonedas, mientras que estados como California y Washington mantienen marcos de ganancias de capital que clasifican los activos virtuales como efectivo. El Proyecto de Ley 8966 representa un modelo orientado a los ingresos que busca equilibrar la supervisión regulatoria con objetivos fiscales.
El análisis de las partes interesadas sugiere que el impuesto especial podría introducir complejidades administrativas para los proveedores de servicios, requiriendo actualizaciones en los sistemas de reporte de transacciones y protocolos de cumplimiento. Los intercambios podrían ajustar las tarifas o retirar pares de negociación específicos para mitigar presiones de margen. Los protocolos DeFi podrían enfrentar una reducción en el volumen de transacciones a medida que los usuarios consideren componentes de costo adicionales.
Los defensores del proyecto argumentan que las actividades con criptomonedas representan una base emergente de ingresos y que un tratamiento fiscal equitativo con las transacciones financieras tradicionales apoya la sostenibilidad fiscal. Los opositores advierten que el impuesto podría impulsar las actividades comerciales hacia jurisdicciones más permisivas o plataformas offshore, potencialmente disminuyendo los ingresos fiscales estatales totales.
El proyecto está sujeto a revisión por el Comité de Medios y Finanzas de la Asamblea, seguido por la consideración legislativa completa. El Senado necesitaría aprobar un proyecto complementario antes de su envío al gobernador para firma o veto. Iniciativas legislativas similares se han introducido en Wisconsin y Pensilvania, indicando una tendencia nacional en la tributación estatal de activos digitales.
Se esperan audiencias públicas y consultas con las partes interesadas en las próximas semanas. Las evaluaciones del impacto económico y las estimaciones de costos de cumplimiento informarán el debate. Los plazos de implementación y los mecanismos de aplicación se definirán mediante la elaboración de normas administrativas tras la promulgación.
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