El 13 de agosto de 2025, las principales asociaciones bancarias de EE. UU., incluyendo el Bank Policy Institute (BPI), la American Bankers Association (ABA), la Consumer Bankers Association (CBA) y la Independent Community Bankers of America (ICBA), enviaron conjuntamente una carta a los líderes del Congreso solicitando una acción legislativa inmediata para reducir el alcance de la Ley GENIUS. La coalición destacó una laguna regulatoria en la ley que actualmente prohíbe a los emisores de stablecoins pagar rendimientos directos, pero que no extiende explícitamente esa prohibición a las entidades afiliadas o a los intercambios centralizados. Argumentan que esta laguna podría ser explotada por los proveedores a través de asociaciones, permitiendo ofertas de rendimientos indirectos que compiten injustamente con los depósitos bancarios tradicionales.
Los bancos citaron un informe del Tesoro de EE. UU. que proyecta que hasta 6.6 billones de dólares podrían desplazarse del sistema bancario hacia productos de stablecoins con rendimiento si la laguna no se corrige. En su carta, los grupos advirtieron que tal salida de depósitos podría degradar la capacidad de los bancos para financiar préstamos, reducir la disponibilidad de crédito para hogares y pequeñas empresas, y, en última instancia, provocar tasas de interés más altas y una mayor volatilidad en los mercados financieros. Enfatizaron la necesidad de paridad entre los productos bancarios regulados y los instrumentos de stablecoin, subrayando que las stablecoins carecen de los mecanismos subyacentes —como la intermediación crediticia y las inversiones en valores— que respaldan los rendimientos bancarios.
La carta incluía un razonamiento detallado sobre la estructura del mercado, señalando que las stablecoins no generan ingresos a través de inversiones, sino que dependen de mecanismos de reserva para mantener su valor. Los bancos sostienen que permitir funciones de rendimiento solo a través de plataformas afiliadas elude el propósito de la Ley GENIUS, socavando sus objetivos de protección al consumidor y estabilidad financiera. Recomendaron enmiendas explícitas a la Sección 105(b) de la Ley para incluir afiliadas, intercambios y proveedores de servicios terceros, cerrando cualquier vía para intereses por intermediación. Los grupos también propusieron requisitos mejorados de reporte y auditoría para las entidades afiliadas para garantizar la transparencia en las prácticas de rendimiento.
Los actores de la industria reaccionaron rápidamente. Los defensores de las stablecoins advirtieron que enmiendas demasiado amplias podrían sofocar la innovación y restringir el desarrollo de sistemas de pago eficientes, mientras que los grupos de consumidores expresaron preocupación por la posible confusión para los usuarios al navegar regulaciones en evolución. Los asistentes del Congreso confirmaron que las discusiones del personal están en curso, con apoyo bipartidista para refinar el lenguaje legislativo y equilibrar innovación y estabilidad. Una sesión de revisión en el Comité Bancario del Senado está tentativamente programada para finales de agosto, con los actores preparando testimonios.
El debate subraya el creciente escrutinio sobre las stablecoins a medida que transicionan de activos digitales de nicho a instrumentos financieros convencionales. Con el mercado estadounidense de stablecoins valorado en 280.2 mil millones de dólares al 30 de junio de 2025 y proyecciones de crecimiento a 2 billones para 2028, los legisladores enfrentan la presión de establecer marcos robustos que protejan a los consumidores sin obstaculizar el avance tecnológico. El resultado de esta revisión regulatoria modelará la futura dinámica competitiva entre los bancos tradicionales y las plataformas emergentes de activos digitales en Estados Unidos y más allá.
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