La Casa Blanca ha preparado un proyecto de decreto ejecutivo destinado a penalizar a los bancos que terminen relaciones con clientes por motivos políticos o ideológicos. El documento instruye a los reguladores bancarios a evaluar si las instituciones financieras han violado disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, leyes antimonopolio o estatutos de protección al consumidor. Las instituciones encontradas en incumplimiento pueden estar sujetas a multas monetarias, decretos de consentimiento u otras sanciones regulatorias.
El decreto dirige específicamente a la Administración de Pequeñas Empresas a revisar las prácticas de garantía de préstamos bancarios, destacando la importancia de esta área para las startups de blockchain y las organizaciones sin fines de lucro conservadoras. Los reguladores tendrán facultades para remitir los casos identificados directamente al Departamento de Justicia, fortaleciendo las opciones de aplicación. El anuncio sigue a preocupaciones de que los bancos han cortado silenciosamente vínculos con sectores emergentes, incluidos firmas de activos digitales, en medio de un escrutinio de cumplimiento aumentado.
Aunque el decreto no menciona ninguna institución por nombre, hace referencia a un caso de 2023 en el que Bank of America cerró las cuentas de una organización benéfica con sede en Uganda, atribuyendo la decisión a una política contra prestar servicios a ciertas entidades extranjeras. El proyecto también cita políticas internas bancarias que supuestamente contribuyeron a exclusiones de clientes tras los eventos del 6 de enero en el Capitolio. Fuentes de la industria indican que la versión final del decreto podría ser firmada en días, sujeto a demoras administrativas.
El sector bancario ha defendido las medidas previas de desbancarización como una gestión necesaria de riesgos bajo regulaciones contra el lavado de dinero y requisitos de financiamiento antiterrorista. Las instituciones financieras han señalado protocolos rigurosos de conocimiento del cliente y estándares de monitoreo de transacciones como justificaciones para terminar relaciones con cierta clientela. Sin embargo, el proyecto de decreto pide la eliminación de lineamientos internos que restringen servicios basados en riesgos reputacionales o factores ideológicos.
Si se promulga, el decreto constituiría un cambio significativo en la política de regulación de servicios bancarios, abordando quejas de larga data sobre discriminación financiera de grupos conservadores y startups tecnológicas. La medida podría impulsar revisiones en los marcos internos de cumplimiento bancario e influir en futuras legislaciones sobre el acceso a servicios financieros para empresas de activos digitales.
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