Los fundadores de HashFlare no quieren más tiempo en prisión mientras EE.UU. pide 10 años
En una presentación ante el tribunal federal de Seattle, los fiscales solicitaron una sentencia de diez años para los cofundadores de HashFlare, que se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. El caso, descrito como el fraude más grande juzgado por el tribunal, involucró contratos de minería por $577 millones y pérdidas para las víctimas por $300 millones. Los acusados piden que se les reconozca el crédito por 16 meses cumplidos bajo custodia en Estonia.
Los abogados argumentaron que los pagos de los contratos superaron las inversiones iniciales, citando retiros por $2.3 mil millones realizados por 390,000 clientes. Los fiscales desacreditaron esta afirmación, caracterizando la escala del esquema y el engaño a los inversores como razones para imponer la máxima disuasión. El juez Robert Lasnik considerará la sentencia el 14 de agosto.
Los argumentos clave de la defensa destacan la cooperación y los mecanismos de reembolso, mientras que la fiscalía enfatizó la estructura Ponzi y el estilo de vida lujoso financiado con fondos de nuevos inversores. Las declaraciones de impacto de las víctimas detallan el daño financiero sufrido por 440,000 participantes, subrayando la magnitud del esquema.
Los analistas legales señalan las implicaciones del caso para la aplicación transfronteriza y las directrices de sentencia en fraudes de criptomonedas. La directiva de deportación del Departamento de Seguridad Nacional añade complejidad procesal, mientras los fundadores debaten la jurisdicción y su estatus de residencia futuro. Observadores de la industria ven este juicio como un precedente para la persecución de estafas a gran escala con activos digitales.
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