El miembro de la Asamblea Phil Steck presentó el Proyecto de Ley 8966 de la Asamblea para imponer un impuesto especial del 0,2 % sobre las transacciones de activos digitales, que cubre ventas y transferencias de criptomonedas, tokens y tokens no fungibles. La tasa, que entrará en vigor el 1 de septiembre, se aplicaría tanto a compradores como a vendedores en todas las plataformas que operen o realicen transacciones dentro del estado de Nueva York.
El impuesto especial propuesto generaría ingresos destinados a la expansión de programas de prevención e intervención en el abuso de sustancias en distritos escolares del norte del estado. Según las disposiciones del proyecto de ley, todos los fondos recaudados deben dirigirse exclusivamente a estas iniciativas educativas, creando una nueva fuente de ingresos dedicada al apoyo de la salud pública.
Para convertirse en ley, la medida enfrenta un proceso de varios pasos: aprobación por el comité de la Asamblea, votación completa en la Asamblea, aprobación en el Senado estatal y la firma del gobernador o la anulación legislativa sostenida. Si se promulga, modificaría los códigos fiscales existentes, definiendo “transacciones de activos digitales” como cualquier venta o transferencia de monedas digitales, monedas o tokens.
Los participantes del sector, incluidas las plataformas de comercio y los intermediarios financieros, tendrían obligaciones de cumplimiento, requiriendo ajustes en los sistemas de reporte de transacciones. La falta de cobro o remisión del impuesto especial podría exponer a las empresas a sanciones estatales y acciones de cumplimiento, aumentando la complejidad operativa para las bolsas y custodios digitales.
Los partidarios argumentan que los profundos mercados financieros y el próspero sector cripto de la ciudad de Nueva York posicionan al estado para captar ingresos fiscales sustanciales, dado su estatus como un centro para la adopción institucional de criptomonedas. Los críticos advierten sobre posibles desincentivos en el mercado, ya que los costos adicionales en las transacciones podrían impulsar la actividad comercial hacia el extranjero.
El análisis comparativo muestra que la mayoría de los estados carecen de impuestos explícitos sobre transacciones cripto, con jurisdicciones como Washington que eximen completamente a los activos digitales, mientras que Texas mantiene una supervisión mínima. La medida de Nueva York sigue a su marco histórico BitLicense de 2015, ampliando la huella regulatoria del estado hacia la política fiscal.
Los interesados esperan las deliberaciones del comité, donde las enmiendas pueden ajustar la tasa impositiva, ampliar exenciones o extender los plazos de implementación. Grupos de defensa de ambos lados se están movilizando, con representantes de distritos escolares enfatizando las necesidades de financiamiento y coaliciones industriales advirtiendo sobre impactos negativos en el mercado.
Si el proyecto de ley supera la legislatura de Nueva York, servirá como modelo para otros estados que consideran la tributación de activos digitales, potencialmente remodelando los enfoques fiscales hacia esta creciente clase de activos a nivel nacional.
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