El 20 de agosto, el gobierno del Reino Unido anunció nuevas sanciones destinadas a desmantelar redes de criptomonedas que se cree facilitan la evasión de sanciones por parte del Estado ruso. Las medidas se centraron en ocho individuos y entidades, incluida una empresa registrada en Luxemburgo y cuatro compañías con sede en Kirguistán vinculadas al proyecto de stablecoin A7A5.
La stablecoin objetivo, vinculada al rublo ruso, supuestamente movió 9.300 millones de dólares en transacciones durante cuatro meses, según las autoridades británicas. El Tesoro del Reino Unido designó empresas como Grinex LLC y Old Vector LLC por sus presuntos roles en proporcionar infraestructura de pago para apoyar transferencias ilícitas relacionadas con la adquisición militar.
Las sanciones también nombraron a tres individuos vinculados a canales financieros usados por el banco estatal Promsvyazbank y un banco kirguís acusado de facilitar pagos para contratos de defensa. El Reino Unido afirmó que estas medidas buscan cerrar brechas explotadas por Moscú para eludir las restricciones financieras occidentales.
La acción reflejó las sanciones estadounidenses anunciadas la semana pasada contra las mismas entidades. Los funcionarios citaron las recientes conversaciones en Washington entre el presidente Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y líderes europeos como base para la campaña de presión coordinada.
El ministro de sanciones del Reino Unido, Stephen Doughty, declaró: “Cualquier intento de blanquear transacciones a través de redes cripto dudosas será expuesto y objetivo. No permitiremos que el Kremlin se esconda detrás de activos digitales para socavar las sanciones.”
La iniciativa del Reino Unido destaca el creciente uso de la tecnología blockchain por actores estatales con fines geopolíticos. Observadores señalan que sin respuestas regulatorias rápidas y una cooperación transfronteriza mejorada, la criptomoneda podría convertirse en un vehículo preferido para flujos ilícitos de fondos.
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